Publicación Diario Oficial No.: , el día:
Publicada en la WEB CREG el: 24/March/2017
      República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía
    COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS


    RESOLUCIÓN No. 008 DE 2017

    ( 3 FEB. 2017 )


    Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa parcial interpuesta en contra de la Resolución CREG 124 de 2016, por parte de Intercolombia S.A. ESP.

    LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS


    En ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, 2696 de 2004, y 1260 de 2013, y


    CONSIDERANDO QUE:


    Mediante las resoluciones CREG 011 de 2009, 050 de 2010 y 024 de 2012 se estableció que los transmisores nacionales debían actualizar anualmente el porcentaje de AOM a remunerar, PAOMR, y reportarlo al LAC antes del 30 de abril de cada año, para lo cual se requería también entregar la información de AOM utilizada para el cálculo del ajuste.

    La información de AOM se entrega con base en formatos definidos por la CREG, y debe compararse con la reportada al Sistema Único de Información administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante SSPD.

    La Ley 1314 de 2009 regula “los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”.

    Como consecuencia de la aplicación de la citada ley, a partir del 1 de enero de 2015 algunas empresas iniciaron la aplicación de las nuevas normas para reporte de información financiera y contable, por lo que la SSPD decidió suspender, para estas empresas, la utilización del plan único de cuentas establecido por ella y a comienzos del año 2016 aún se encontraba en elaboración de los formatos para el reporte de información con base en la nueva normativa.

    La Comisión, previendo que para la fecha establecida en la regulación vigente no se contaría con información de gastos reportada por los agentes a la SSPD, expidió la Resolución CREG 045 de 2016 para ampliar los plazos para entregar la información de AOM del año 2015 y para calcular el PAOMR del año 2016, sin que ello, en ningún momento, implicara un cambio en la metodología y fórmula tarifaria de la actividad de transmisión de energía eléctrica.

    Posteriormente, se publicó para consulta la Resolución CREG 073 de 2016, en la cual se daba una opción para que las empresas, antes del plazo previsto en la Resolución CREG 045 de 2016, aplicaran el nuevo PAOMR calculado con base en la información que tuviera disponible cada empresa. Esto condicionado a que si, una vez recaudada la información contable por parte de la SSPD, se encontraban diferencias en el cálculo del PAOMR, estas diferencias serían restadas de los cargos a facturar en los meses siguientes a su detección.

    Con base en los comentarios recibidos a la consulta y los análisis de la Comisión, se consideró conveniente precisar la forma de calcular y aplicar los PAOMR en las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica durante el año 2016 y en este sentido se expidió la Resolución CREG 124 de 2016.

    El ámbito de aplicación de la mencionada resolución se limita a las empresas que realizan las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica y que a partir del 1 de enero de 2015 están utilizando las nuevas normas contables, ya sea por exigencia de estas normas o porque el agente se acogió voluntariamente a la aplicación de las mismas.

    Respecto a la entrega de información de AOM del año 2015, el plazo se fijó para el 31 de agosto de 2016, modificando las fechas aplazadas en su momento mediante la Resolución CREG 045 de 2016.

    En el artículo 7 de la Resolución CREG 124 de 2016 se estableció que las empresas a las que les aplicaba esta resolución debían entregar la información en los nuevos formatos que publicara la CREG. También se señaló que las empresas que habían elaborado y entregado el informe del auditor antes del nuevo plazo, tenían la opción de entregar uno nuevo o mantener el anterior.

    Mediante comunicación del 2 de diciembre de 2016 radicada en la CREG con el No. E-2016-0013317, Intercolombia S.A. ESP solicitó a la Comisión la revocatoria directa parcial de la Resolución CREG 124 de 2016.

    En relación con el objeto de la revocatoria parcial solicitada, ha de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 8 de la Resolución CREG 124 de 2016, la cual dispone lo siguiente:

      Artículo 8. Cálculo del porcentaje de AOM a reconocer para 2016. Las empresas aplicarán a partir del mes de septiembre el nuevo porcentaje de AOM a reconocer para el año 2016.

      El porcentaje de AOM a reconocer para 2016, PAOMRj,16, se calcula de acuerdo con lo previsto en la regulación vigente y teniendo en cuenta que el valor del AOM demostrado para 2015 se obtendrá a partir del reporte de información de que trata el artículo 7.

        Para los meses de septiembre a diciembre se aplicará un PAOMRj,16,sd calculado de la siguiente forma:
        Donde:
        PAOMRj,16,sd Porcentaje de AOM a reconocer en el año 2016, para aplicar en los meses de septiembre a diciembre de 2016.
        PAOMRj,16 Porcentaje de AOM a reconocer en el año 2016, calculado de acuerdo con la regulación vigente y con el AOM demostrado, obtenido de acuerdo con el reporte previsto en el artículo 7.
        PAOMRAj,16,m Porcentaje de AOM a reconocer aplicado en cada uno de los meses de mayo a agosto de 2016, esto es, m=5 para mayo, m=6 para junio, m=7 para julio y m=8 para agosto.

      Con base en lo expuesto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, procede a resolver la solicitud en los siguientes términos:
      I. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA

      La solicitud de revocatoria directa parcial interpuesta contra la Resolución CREG 124 de 2016 se sustenta, según lo afirma el recurrente, en la supuesta configuración de las siguientes causales, contempladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, así:
        1. Violación de norma superior: se manifiesta que se está incurso en la causal 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, ya que la Resolución CREG 124 de 2016, va en contra del artículo 58 de la Constitución Política, el cual garantiza la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a ley, lo anterior porque se está dando un efecto retroactivo a la resolución en mención, desconociendo el derecho adquirido que tiene Intercolombia S.A. ESP en relación con el porcentaje de AOM reconocido y pagado a la empresa, en virtud de lo dispuesto en la Resolución CREG 045 de 2016, para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016, dineros que XM aplicó para mayo, junio y julio y estaba aplicando para agosto en el momento de entrada en vigencia de la resolución y, por tanto, eran ingresos reconocidos, causados y pagados.

          Manifiesta el solicitante, que la CREG, vía la expedición y aplicación de una nueva fórmula para calcular el porcentaje de AOM para los meses restantes de 2016, pretende ajustar los valores de todo el año, desconociendo derechos reconocidos en la anterior resolución y la seguridad jurídica, y contradiciendo lo establecido en el mismo acto administrativo al manifestar que rige a partir de la publicación en el Diario Oficial.

        2. Causa un agravio injustificado a Intercolombia: se manifiesta que la empresa con claridad se ve afectada con una pérdida económica que por los meses de mayo, junio, julio y agosto asciende a la suma de mil trescientos setenta millones de pesos ($1.370.000.000).
      Prosigue el recurrente y, en relación con el soporte de la solicitud, hace un recuento de la normativa relacionada con la Resolución CREG 124 de 2016 y presenta un análisis normativo, del cual se destacan los siguientes aspectos tomados del aparte II del escrito en donde se hace el siguiente análisis:

      Respecto a la metodología de cálculo, manifiesta que la CREG en la Resolución 011 de 2009, estableció respecto de la metodología de cálculo de gastos de AOM, que el mismo se hará individualmente a cada Transmisor Nacional, de acuerdo con la información inicial y el reporte anual para ese efecto.

      Indica que la resolución citada dispuso, en su capítulo 2, que la Comisión en resolución aparte, establecería todo el detalle de la información a entregar y concluye que de todo ello se infiere que la liquidación del ingreso anual al transmisor incluye el porcentaje de AOM a reconocer como parte de la fórmula.

      Luego, argumenta que la Resolución CREG 008 de 2003, artículo 22, en relación a la distribución de ingresos entre los transportadores, dispone que esos dineros se pagan al mes siguiente al que se presta el servicio.

      Prosigue y menciona que la Resolución CREG 050 de 2010, artículo 3, referente a la fecha de entrega de información del AOM, precisa que a más tardar el 31 de marzo de cada año esa información debe ser entregada tanto a la CREG como a la SSPD, correspondiente al año inmediatamente anterior, junto con el informe del auditor contratado y lo que se realice después de esa fecha se considerará como no entregado y prosigue presentando la forma como la regulación dispuso el porcentaje de AOM y cómo se debe aplicar.

      Manifiesta que la Resolución CREG 024 de 2012 modificó el artículo 1 de la Resolución CREG 011 de 2009, respecto a la forma como el LAC deberá actualizar en el mes de mayo de cada año el porcentaje de AOM a reconocer, teniendo en cuenta lo demostrado por la empresa y establece la forma como ello debe hacerse. Igualmente hace referencia a la fecha de entrega de esa información que se modificó al 30 de abril de cada año.

      Ahora bien, en relación con la Resolución CREG 045 de 2016, manifiesta:
          E. RESOLUCIÓN CREG 045 DEL 1DE ABRIL DE 2016

          …Modifica también el plazo establecido en el artículo 5° de la Resolución CREG 050 de 2010, aplazándolo para el 31 de diciembre de 2016, la fecha establecida para entregar al LAC el nuevo porcentaje de AOM a reconocer por parte de los TN referidos en el artículo 1°; fecha también modificada por la Resolución CREG 024 de 2012, a la cual no hace referencia alguna en la resolución

          Se establece que esa Resolución rige a partir de su publicación y no presenta ninguna derogatoria, así como tampoco se determina alguna condición de que los porcentajes determinados y aplicados conforme dicha resolución a partir de mayo de 2016 (que se habían aprobado y se venían aplicando para el periodo Mayo de 2015 - Abril de 2016, y cuya continuidad se aprobó a partir de mayo de 2016) serían revisados posteriormente, como pretende hacerlo la Resolución CREG 124 de 2016.
          Prosigue y en relación con la Resolución CREG 073 de 2016, se destaca:
              F. RESOLUCIÓN CREG 073 DEL 19 DE MAYO DE 2016

              Este proyecto de resolución buscaba que los agentes que prefirieran entregar la información del año 2015 en un plazo anterior al establecido en la Resolución CREG 045 de 2016 (Diciembre de 2016), pudieran hacerlo, sin que esto implicara que los meses a partir de mayo de 2016 en los cuales ya se venía aplicando el porcentaje aprobado para el período Mayo 2016 - Abril 2016, fueran revisados.
              En el aparte relacionado con el análisis normativo, afirma:
                  De acuerdo con la Resolución CREG-024 de 2012, se debió reportar el 30 de Abril de 2016, la información a la SSPD con el porcentaje de AOM demostrado para 2015, donde, el porcentaje a reconocer a INTERCOLOMBIA, debió haber sido de 3.11, por los servicios a prestar en los meses de Mayo de 2016 a Abril de 2017, pagaderos de Junio de 2016 a Mayo de 2017.

                  Sin embargo, la CREG el 1° de Abril de 2016, expidió la Resolución CREG-045 de 2016, la cual entró en vigencia el 21 de Abril de 2016, modificando los plazos, tanto para la entrega de información de AOM a la SSPD, como para la entrega al LAC, hasta el 31 de diciembre de 2016, dejando vigente el porcentaje de AOM demostrado para el 2014; es decir, 3.27, para los servicios prestados de Mayo a Diciembre.

                  (…)

                  Al aplicar la fórmula para determinar el porcentaje de AOM por los servicios prestados en los meses de Septiembre a Diciembre de 2016, el regulador está descontando en forma retroactiva, a través del segundo componente de la fórmula (…), el promedio del valor que fue pagado para los servicios prestados en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2016, para luego restarlo del PAOM obtenido para el año 2015, y de esta forma ajustar a través de los promedios de Mayo a Agosto de 2016, aplicados según la Resolución CREG 045 del 1° de Abril de 2016, vigente a la fecha de aplicación de los pagos de esas fechas, con los promedios de Septiembre a Diciembre de 2016, indicados en la Resolución CREG 124 del 25 de Julio de 2016, para que todo el periodo de los servicios de Mayo a Diciembre de 2016 tengan el PAOM producto del resultado de auditoría del gasto AOM de 2015.
                  Como parte de los argumentos jurídicos, se afirma que se da un efecto pasado al establecer la nueva fórmula de AOM, por realizar un recálculo de los meses de mayo, junio, julio y agosto.

                  Manifiesta que las resoluciones previas a la Resolución CREG 124 de 2016, en especial la Resolución CREG 045 de 2016, contemplaron factores dentro del AOM, que estuvieron vigentes y aplicaron en el tiempo, sobre servicios prestados en tales periodos, lo cual no se puede desconocer por un acto posterior, pues afecta la seguridad jurídica, desconocer derechos adquiridos y atenta contra situaciones consolidadas en tales periodos y al respecto manifiesta:

                    Las resoluciones de la CREG previas a la Resolución 124 de 2016, en particular la resolución 045 de 2016, como actos jurídicos en firme, contemplaron factores dentro del AOM, que tuvieron vigencia y aplicación en el tiempo, sobre servicios prestados en tales periodos, lo cual no puede ser desconocido por acto posterior, pues ello atenta contra la seguridad jurídica, desconoce los derechos adquiridos y afecta las situaciones consolidadas en tales periodos.
                    Finalmente solicita:
                        De conformidad con lo expuesto, solicitamos la revocatoria parcial de la Resolución CREG 0124 del 25 de julio de 2016, en la fórmula que determina el porcentaje de AOM tal como fue anotado en los acápites anteriores del presente escrito.
                      II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

                      A. SUSTENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

                      Las medidas adoptadas y que son objeto del recurso de revocatoria, se soportaron jurídicamente en la Constitución Política de Colombia, así como en los principios que rigen la Ley 142 de 1994, la Ley 143 de 1994 y en especial en:

                      El artículo 334 de la Constitución Política señala que corresponde al Estado la dirección general de la economía, para lo cual intervendrá, por disposición de la ley, entre otros asuntos, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía en un marco de sostenibilidad fiscal, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

                      El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, toda vez que es un derecho colectivo que se garantiza con el fin de lograr un nivel de vida adecuado para el desarrollo de las personas y de las comunidades.

                      Por su parte la Ley 142 de 1994 encargó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, la regulación económica de las actividades del servicio público domiciliario de energía eléctrica, entre las que se consideran la generación, la trasmisión, la distribución y la comercialización.

                      El numeral 2.4 del artículo 2 contenido en la Ley 142 de 1994 establece que el Estado intervendrá con el fin de garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio público de energía eléctrica, que junto a sus actividades complementarias, constituyen servicios públicos esenciales en atención a los artículos 4° y 14º de la misma ley.
                        Lo anterior, porque los servicios se orientan a satisfacer necesidades básicas esenciales de las personas, puesto que existe un vínculo inescindible entre la prestación de los mismos y la efectividad de ciertas garantías y derechos constitucionales fundamentales de las personas, como la vida, la integridad personal, la salud, etc. de conformidad con la Sentencia C-265 de 1994, proferida por la Honorable Corte Constitucional.

                        El artículo 3° de la Ley 142 de 1994 dispone que constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha ley, en lo relativo con la gestión y obtención de recursos para su prestación y en la definición del régimen tarifario, así como la regulación de la prestación de los servicios públicos.

                        Por su parte en la Ley 143 de 1994 se establece que, en relación con el servicio de electricidad, el Estado deberá tener objetivos relacionados con abastecer la demanda de electricidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector; y que el mantenimiento y la operación de las instalaciones preserven la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y mantengan los niveles de calidad y seguridad establecidos.

                        Así mismo, si los diversos agentes económicos desean participar en las actividades de electricidad, deben sujetarse al cumplimiento de los anteriores objetivos.

                        La generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad deben estar destinados a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente, al ser considerados servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública.

                        Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.

                        El principio de eficiencia obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico.

                        En las actividades del sector podrán participar diferentes agentes económicos, los cuales pueden tener el carácter de ser públicos, privados o mixtos, quienes gozarán de libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia, de conformidad con los artículos 333, 334 y el inciso penúltimo del artículo 336 de la Constitución Nacional, y el artículo 3o. de la Ley 143 de 1994.

                        B. FRENTE A LOS CARGOS DEL PETICIONARIO

                        En este aparte se hace mención de forma particular a los cargos en los que el peticionario soporta su solicitud de revocatoria directa parcial frente a la Resolución CREG 124 de 2016, de la siguiente forma:

                        Los actos administrativos deberán ser revocados cuando se configure alguna o varias de las causales establecidas en el artículo 93 del C.P.A.C.A. que estipula:

                          Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

                          1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
                          2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
                          3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
                            1. VIOLACIÓN DE NORMA SUPERIOR:
                            Respecto al cargo presentado por el solicitante, en relación con la violación del artículo 58 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la propiedad, se debe tener en cuenta lo siguiente:

                            En los considerandos de la Resolución CREG 045 de 2016, se expone que se amplía el plazo para la revisión de los porcentajes de AOM porque era necesario revisar los cambios que podría ocasionar la aplicación de las nuevas normas de entrega de información financiera y contable, en el cálculo de los porcentajes de AOM a reconocer, PAOMR, teniendo en cuenta que de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se iba a expedir una resolución para que las empresas le entregaran esta nueva información, y que esta fuente ha sido la utilizada para verificar y comparar la reportada anualmente por cada agente para el cálculo de su PAOMR.

                            En este sentido, se incluyó la siguiente motivación en la parte considerativa de esta resolución:
                              Dado que el ajuste anual del porcentaje de AOM a reconocer, para las empresas encargadas de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, depende de la comparación de la información contable de los últimos dos años, es necesario verificar si el nuevo reporte es comparable con la información entregada hasta 2014.

                            Esto indica que, si bien se continúa con la aplicación de lo previsto en la regulación, antes de la Resolución CREG 045 de 2016, para el cálculo del PAOMR se requería un tiempo de espera para determinar cuál era el porcentaje real a aplicar, dado el posible cambio en algunos de los datos utilizados para su cálculo. Lo cual en ningún momento significaba que el ajuste en las tarifas a partir del mes de mayo, ordenado en la Resolución 011 de 2009 como parte de la metodología de remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica, se estuviera modificando y sin que lo contemplado en la mencionada Resolución CREG 045 de 2016 constituyera una modificación de la metodología en sí misma.

                            Lo anterior, de igual manera se soporta dentro del cuerpo de la resolución en mención y en especial en el artículo 1, en donde se establece a quiénes les aplica la regla; esto es, a todas las empresas que realizan actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica y que, de acuerdo con la nueva normativa financiera y contable, estuvieran clasificadas en los grupos 1 o 3.

                            Así mismo, se observa que en su artículo 3, con base en el cual se modifica el numeral 2.3 de la Resolución CREG 011 de 2009, la actualización de los PAOMR debía cumplirse luego de la fecha de entrega de la información de AOM del año 2015.

                            El artículo mencionado disponía lo siguiente:
                              Artículo 3. Modificación de un plazo establecido en el numeral 2.3 de la Resolución CREG 011 de 2009. Para el presente año 2016 se modifica el plazo previsto en el numeral 2.3 de la Resolución CREG 011 de 2009, no quedando el LAC obligado a actualizar, en el mes de mayo del año en curso, el porcentaje de AOM a reconocer para los Transmisores Nacionales referidos en el artículo 1 de la presente resolución.

                              Esta obligación deberá ejecutarse una vez se haya cumplido la fecha de entrega de la información de AOM del año 2015. (El subrayado es nuestro)

                            De lo anterior, se observa que no se encuentra fundamento, en el planteamiento que hace el solicitante, al manifestar que mediante la Resolución CREG 045 de 2016, se le crea un derecho adquirido en relación con el porcentaje de AOM reconocido y pagado por los meses de mayo, junio, julio y agosto, toda vez que la expedición de la Resolución CREG 045 de 2016 obedeció al hecho de haber entrado en vigencia un nuevo marco normativo para entrega de información financiera y contable en el país y a la necesidad que en ese momento se tenía para que, de parte de la SSPD, se expidiera la normativa con base en la cual los agentes debían reportar esta información; lo que hacía que solo a partir del momento en el que estuviera disponible esa información en la SSPD habría forma de comparar y verificar la entregada por los agentes para el cálculo del PAOMR y cumplir así la obligación contenida en el artículo antes citado.

                            De acuerdo con las resoluciones CREG 011 de 2009, 050 de 2010 y 024 de 2012, el cálculo del ajuste del PAOMR está basado en datos de periodos anteriores, en particular de los doce meses del año calendario anterior al inicio de la fecha de aplicación del nuevo PAOMR, el 1 de mayo de cada año. En este sentido, el hecho de incluir datos de períodos anteriores en una fórmula no puede conducir a la conclusión de que se trata de un procedimiento retroactivo, más aún, cuando esta situación se presentó por el hecho de haberse generado un cambio por la entrada en vigencia de las nuevas normas de información contable y financiera (NIIF), que hacía necesario contar con una resolución proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objeto de poder hacer comparable la información de AOM y así poder calcular el PAOMR a ser aplicado de acuerdo con lo establecido en la fórmula tarifaria de transmisión de energía eléctrica, es decir, el cambio en las tarifas por el ajuste del PAOMR debía reflejarse en el periodo de mayo de 2016 a abril de 2017.

                            En cambio, dado que una de las motivaciones de la Resolución CREG 045 de 2016 fue la de prorrogar la aplicación del PAOMR vigente, dada la ausencia de información clave para su nueva actualización, hace concluir que una vez obtenida la información se debería hacer el respectivo ajuste, reiterando que, con ello, no se estaba modificando lo dispuesto en la metodología de remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica.

                            Ahora bien, frente a las afirmaciones referentes a la seguridad jurídica, los derechos adquiridos y situaciones consolidadas, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C 150 de 2003, donde dispuso lo siguiente:
                              Los órganos de regulación han de ejercer sus competencias con miras a alcanzar los fines que justifican su existencia en un mercado inscrito dentro de un Estado social y democrático de derecho. Estos fines se pueden agrupar en dos clases, a pesar de su variedad y especificidad. La primera clase comprende los fines sociales que el mercado por sí mismo no alcanzará, según las prioridades de orden político definidas por el legislador y de conformidad con el rango temporal que éste se ha trazado para alcanzarlos. La segunda clase abarca los fines económicos atinentes a procurar que el mercado funcione adecuadamente en beneficio de todos, no de quienes dentro de él ocupan una posición especial de poder, en razón a su predominio económico o tecnológico o en razón a su acceso especial al proceso de toma de decisiones públicas tanto en el órgano legislativo como en los órganos administrativos clásicos.

                              La regulación, en tanto que mecanismo de intervención del Estado, busca garantizar la efectividad de los principios sociales y el adecuado funcionamiento del mercado. (…).

                            Como se observa lo que se busca con la expedición de la Resolución CREG 045 de 2016, es ser diligente, concordante y coherente desde el punto de vista constitucional respecto de los fines perseguidos por el artículo 209 de la Constitución Nacional, así como al ejercicio de las facultades regulatorias previstas en los artículos 73 y el numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, las cuales han sido precisadas por la jurisprudencia constitucional (sentencias de la honorable Corte Constitucional C-150 de 2003, C-1162 de 2000, C-186 de 2011) y administrativa, esto bajo la consideración de que su ejercicio debe entenderse como un mecanismo de intervención del Estado en la economía a fin de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, así como el buen funcionamiento del mercado, entre otros.

                            Es así como para poder efectuar el cálculo del PAOMR era necesario tener en cuenta unas variables para su aplicación y una información que debía ser comparable lo cual, reiteramos, en ese momento no era posible obtener por los cambios normativos antes mencionados.

                            En el caso de que se pretendan modificar condiciones preexistentes o presentes en el momento de la definición de las fórmulas tarifarias, se debe determinar si las fórmulas y en consecuencia las tarifas, reconocen adecuadamente los costos eficientes en que incurre una empresa determinada, conforme a los criterios legalmente establecidos; o si los cálculos que prevén las fórmulas se efectuaron correctamente al fijar las tarifas.

                            En estos eventos la discusión se centra, principalmente, en los aspectos iniciales preexistentes a la definición de las fórmulas y en aquellos incorporados a estas y que pueden presentarse durante su período de vigencia, que dan lugar a la fijación del precio o la tarifa que la empresa puede cobrar al usuario por el servicio.

                            En este sentido, se tiene que el período de vigencia de las fórmulas y los criterios a través de los cuales se fijan las tarifas buscan garantizar la estabilidad en los cargos aprobados, tanto a las empresas como a los usuarios, durante la vigencia de la fórmula.

                            Es decir que las fórmulas tarifarias que profiere la Comisión, siempre deben buscar el cumplimiento de los criterios definidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en donde se establece que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

                            Con base en lo anteriormente manifestado, se observa que la decisión que toma la Comisión con la expedición de la regulación frente a la determinación del PAOMR está basada en la Ley 142 de 1994 y adicionalmente cumple y respeta los principios que se consagran tanto en ella como en la Ley 143 del mismo año, por ende, se deja en claro que la decisión tiene su sustento dentro del ordenamiento legal consagrado para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

                            De igual forma debemos mencionar que desde la expedición de la Resolución CREG 045 de 2016, se tenía en claro que para calcular el PAOMR sin que se diera un cambio metodológico se debía prorrogar la fecha de cumplimiento de la obligación contenida en la metodología y fórmula tarifaria de transmisión de energía eléctrica. Por ello, en primer término, se procedió a la ampliación del plazo para la entrega de la información, en segundo término se publicó un proyecto de resolución en donde se dejaba en claro que la liquidación del PAOMR efectuada con la información disponible no era definitiva para el periodo de aplazamiento de la obligación y, por tanto, la nueva regulación tendría la posibilidad de disponer cómo hacer el cálculo definitivo del PAOMR y el ajuste respectivo ya fuera con diferencias positivas o negativas y, en tercer término y como consecuencia de lo anterior, se profirió la Resolución CREG 124 de 2016, que refleja lo anteriormente expuesto, a través de la expedición de una fórmula mediante la cual se establece cómo calcular el PAOMR.

                            Como se observa, con esa resolución se preservó el interés público tanto de los agentes como de los usuarios del servicio, puesto que se buscó la forma de estabilizar el procedimiento de remuneración, dentro del marco de los principios contemplados en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y la relación entre administración y los administrados; claro está, sin afectar la forma como se viene aplicando el ajuste anual del AOM remunerado dentro de la metodología y fórmula tarifaria de la transmisión de energía eléctrica, es decir que se tuvo en cuenta para ser aplicado dentro del periodo que contempla la metodología general de transmisión de energía eléctrica que, para el caso en análisis, corresponde a los meses de mayo de 2016 a abril de 2017.

                            De igual manera con la propuesta se respeta el principio de la buena fe en relación con la exigencia a las autoridades de tener una coherencia en sus actuaciones, respeto por los compromisos a los que se han obligado y garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.

                            En relación con la presencia o no ante derechos adquiridos por parte de la empresa, debemos manifestar que los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento. Corte Constitucional Sentencia C-242 de 2009.

                            Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:
                              La noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa protección. Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas para que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación retroactiva de una ley rompe entonces no sólo la confianza de las personas en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su dignidad. (Subrayado fuera de texto). Sentencia C-175 DE 2005

                            También debe señalarse que la intangibilidad de los derechos adquiridos no significa que la legislación deba permanecer petrificada indefinidamente y que no pueda sufrir cambios o alteraciones, y tampoco que toda modificación normativa per se desconozca derechos adquiridos, pues nadie tiene derecho a una cierta y eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones, ni aún en materia laboral en la cual la regla general, que participa de la definición general de este fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a todo contrato en curso, aun si se tiene en cuenta aspectos pasados que aún no están consumados, y tiene por lo tanto efectos retrospectivos, de un lado, y pro futuro, del otro. Sentencia C-175 DE 2005

                            Con base en lo anteriormente manifestado se concluye que, con la adopción de las resoluciones CREG 045 y 124 de 2016, en ningún momento la Comisión está incurriendo en una violación de derechos adquiridos que hubieren tenido los agentes con la situación que se presentó en el año 2016, toda vez que, más que pretender dejar como definitiva la aplicación del PAOMR del año anterior, lo que se hizo fue anunciar que el cálculo para el año 2016 se tenía que hacer posteriormente, teniendo en cuenta lo establecido en ese sentido dentro de la metodología general y fórmula tarifaria de transmisión de energía eléctrica, y, cuando luego se definió la fórmula para ello, se mantuvo el objetivo previsto en la metodología general vigente, relacionado con el hecho de que los efectos por los cambios en el AOM del año anterior se tenían que trasladar a las tarifas de los usuarios durante los meses siguientes, antes de la nueva actualización. Todo esto con el propósito de mantener el equilibrio para que los agentes perciban solo los ingresos establecidos en la metodología general y, lo más importante, que a los usuarios, en los costos que pagan, se les traslade solo lo previsto en esa misma metodología.

                            Por lo tanto, no se encuentra demostrado el argumento presentado por el solicitante.
                              2. CAUSA AGRAVIO INJUSTIFICADO A INTERCOLOMBIA

                            En relación con este punto, se observa que el solicitante de la revocatoria directa parcial afirma que se le está causando un perjuicio tasado en la suma de mil trescientos setenta millones de pesos ($1.370.000.000) corres­pondiente a los valores aplicados y pagados por los meses de mayo, junio, julio y agosto.

                            Lo que se observa es que de parte del recurrente se hace la correspondiente aseveración pero a lo largo del escrito, no demuestra que ello sea así.

                            En este punto es necesario precisar que la carga de la prueba recae sobre el interesado en los efectos jurídicos de las normas que regulan los supuestos de hecho afirmados o negados. Es decir que el fin último de la actividad probatoria es lograr que el juez o la entidad administrativa se formen una convicción sobre los hechos, por lo que el deber de aportar las pruebas al proceso, está en cabeza de la parte interesada en obtener una decisión favorable.

                            Es así como, dentro de las reglas de la carga de la prueba, debemos tener en cuenta tres principios jurídicos fundamentales, a saber:
                              - al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción;
                              - el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa; y,
                              - el demandado debe ser absuelto de los cargos si el otro no logra probar los hechos fundamento de su acción.

                            Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y ya que no se encuentra probado ni demostrado el “perjuicio” manifestado por el solicitante, no existen los suficientes elementos para que la solicitud de revocatoria esté llamada a prosperar.

                            Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas en sesión 759 del 3 de febrero de 2017,
                            R E S U E L V E

                            Artículo 1. Negar la revocatoria directa solicitada por Intercolombia S.A. ESP al no encontrar probadas ninguna de las causales invocadas y que se encuentran contempladas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

                            Artículo 2. Confirmar en su integridad la Resolución CREG 124 de 2016 y en especial el artículo 8 de la misma.
                              Artículo 3. Notificar personalmente al representante legal judicial de Intercolombia S.A. E.S.P, advirtiéndole que contra el presente acto no procede recurso alguno.
                                NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

                                Dada en Bogotá D.C., a 3 FEB. 2017




                                GERMÁN ARCE ZAPATA
                                Ministro de Minas y Energía
                                Presidente
                                CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA
                                Director Ejecutivo (E)



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